LOS SEIS PUNTOS

A todos los huelguistas

En diversas reuniones entre los huelguistas ha surgido la preocupación de afianzar la argumentación sobre todos los puntos del pliego de condicionantes de la huelga, pues desde varios lados se observan tendencias a reducir el alcance de nuestro movimiento a uno sólo de ellos (y además, restringiéndolo): el del Reglamento General de Pagos.

La intención del presente documento es aportar elementos en este sentido, de modo que de su discusión salga más fortalecida nuestra huelga.

1.- Abrogación del Reglamento General de Pagos (RGP), con la consecuente eliminación de todos los cobros ilegales en nuestra universidad.

A1 comienzo del movimiento, empezaron a proponerse desde las asambleas diversas formulaciones de la consigna que debíamos levantar en rechazo a las cuotas. La enorme mayoría de ellas planteaba que el sentido primero de nuestra lucha era la defensa de la gratuidad de nuestra universidad. Hoy todos nuestros volantes, desplegados y comunicados plantean claramente que luchamos por defender la gratuidad de la educación pública en nuestro país, lo cual incluye a la educación superior, y dentro de ella, a nuestra universidad. En todos lados ha salido a colación lo planteado en este sentido por el artículo 3° de la Constitución.

Por lo tanto, la consigna no podía ser simplemente que se derogaran las modificaciones hechas por las autoridades al RGP. Menos aún que "se suspendieran" (temporalmente) las medidas aprobadas. Se trataba de eliminar todo reglamento de pagos de la legislación universitaria, estableciendo por fin claramente que nuestra universidad será gratuita. A decir de los abogados, la formulación que correspondía entonces era la de "abrogar" el RGP de la UNAM. Y anular todos los cobros ilegales que se realizan con cualquier pretexto en prácticamente todas las escuelas de nuestra universidad (por uso de laboratorios, de equipo de cómputo, por cursos de regularización, por cursos y exámenes de idiomas, seminarios de titulación, "diplomados', exámenes de admisión, etc).

De modo, compañeros, que no debemos permitir que nos den gato por liebre. Hoy hemos visto a cantidad de profesores manifestarse en apoyo a nuestra huelga, manteniendo un profundo respeto a nuestras demandas y nuestras decisiones, lo cual agradecemos ampliamente. Pero hemos visto también a otros profesores e investigadores que sostienen que "las autoridades deben derogar (o "suspender" o "posponer" (!)) las modificaciones hechas al RGP y los estudiantes deben levantar la huelga"(!!). Esta irrespetuosa forma de plantear las cosas no sólo deja de lado los otros puntos que ha definido nuestro movimiento como condicionantes para levantar la huelga, sino que limita severamente el primero de ellos. Se trata de que simplemente regresemos a la situación anterior, la de los veinte centavos, la que deja de nuevo abiertas las puertas para que las autoridades retomen la ofensiva cuando les parezca conveniente, a ver si entonces sí logran imponerse. A1 fin que para la rectoría sólo es cosa de citar a su Consejo Universitario para votar lo que quiera.

Pero para nosotros, en cambio, ha sido un enorme esfuerzo unificar las voluntades y convertirlas en lucha de decenas de miles de universitarios. Que no sea en balde todo lo que hemos hecho. Sería haber engañado a la población, a todos los universitarios del país, a nosotros mismos, el haber levantado la consigna de la gratuidad para al final dejar las cosas como estaban: con los cobros ilegales y la permanencia del RGP de los veinte centavos.

Así que el sentido del primer punto es el que es: gratuidad de nuestra universidad. Ni RGP ni otros cobros a los estudiantes.

2.- Derogación de las modificaciones impuestas por el Consejo Universitario el 9 de junio de 1997

La ofensiva de Barnés contra los estudiantes de escasos recursos de la UNAM no comenzó con las cuotas. Comenzó con dos puntos clave que dieron lugar a las reformas de 1997 al Reglamento General de Inscripciones y cl Reglamento General de Exámenes.

El primero de esos puntos clave, el más "sonado" en la prensa en aquella ocasión, fue el relativo al pase automático. Se trata de un punto frecuentemente cuestionado por compañeros de diversas facultades provenientes de bachilleratos externos a la UNAM, que lo consideran un planteamiento inequitativo. Pero hay varias cosas que debieran tomar en cuenta estos compañeros.

El pase automático fue establecido por el rector Barros Sierra en el año de 1966, tras una lucha estudiantil que lo incluía como una de sus banderas y que acabó con la expulsión del rector anterior (Chávez). El razonamiento de Barros Sierra era el siguiente: si los alumnos del bachillerato de la UNAM aprobaban todos sus cursos, habiendo sido la propia Universidad quien los había evaluado, no había razón para volver a hacerlo si querían seguir con sus estudios. Por lo demás, esos alumnos ya habían presentado un examen de admisión de la institución para ingresar al bachillerato de la misma.

Lo que fue originando la rivalidad entre los estudiantes egresados de las escuelas públicas y particulares que querían ingresar a la UNAM y los del bachillerato de ésta que tenían garantizado su pase a la licenciatura, fue la reducción absoluta primero, y el "ahorcamiento" después, de la matrícula universitaria por parte de las autoridades. Esto provocó que cada nuevo año fuera creciendo por miles el número de estudiantes que querían ingresar pero eran rechazados. Y con ello, la rivalidad hacia sus compañeros, ampliamente promovida por las autoridades universitarias para preparar el terreno a la imposición de sus medidas. La "solución" de las autoridades a la situación creada por ellas mismas consistió en quitarle su lugar dentro de la Universidad a quienes ya lo tenían, para ofrecérselo a una parte de quienes lo pedían.

Hay algunos datos que nos ilustran qué sector social es el que se vio más golpeado por esta pérdida del pase automático, Según datos oficiales de la DGESII sobre aspirantes y asignados a licenciatura en la generación 95-96, tenemos que:

De 4,616 hijos de obreros que presentaron examen de admisión, sólo 219 (el 4.74%) fueron admitidos. De 1,816 hijos de campesinos, sólo 88 (el 4.84%). De 1,031 hijos de empresarios, 130 (el 12.09%). De 2,030 hijos de funcionarios, 283 (el 13.94 %). ¿Y cómo resultan estos datos en el caso del ingreso a facultad vía el pase automático? De 2,329 hijos de obreros que hicieron su trámite para el pase automático (previo a la evaluación final de su bachillerato), 1,361 (el 58%) ingresó finalmente a la licenciatura. De 241 hijos de campesinos, 128 (el 53.11%). De 510 hijos de empresarios, 284 (el 55.68%). De 936 hijos de funcionarios, 574 (el 61.32%). Es decir, que las posibilidades de ingreso a la licenciatura de la UNAM vía el pase automático son bastante parejas para sectores sociales muy distintos. Mientras que vía el examen de admisión, resulta que los sectores sociales más acomodados tienen casi el triple de posibilidades de ingresar que los más amolados.

Otra consecuencia esperada fue un incremento en los índices de deserción, pues el Consejo Universitario resolvió también que en adelante la elección de carrera para los egresados del bachillerato de la UNAM quedaría garantizada exclusivamente para quienes lo terminaran en tres años con más de nueve de promedio. Una ínfima parte de los estudiantes cumple este requisito. Los alumnos con más de 7 de promedio que terminaran su bachillerato en a lo más 4 años, podrían conservar el pase a facultad pero sin garantía de respeto a su elección de carrera. Y los que tardaran más de 4 años, perderían su lugar en la UNAM, teniendo que hacer examen de admisión para recuperarlo. Y eso, si tenían más de 7 de promedio. Pues en caso contrario, aún habiendo aprobado íntegramente su bachillerato, serían dados de baja de la Universidad.

El discurso del rector durante la imposición de esta reforma, machacó insistentemente en la idea de "una Universidad para los mejores". Llegó a plantear públicamente que la UNAM había avanzado en su excelencia al establecer mecanismos más rigurosos de selección de los aspirantes a ingresar en ella (sic!). El papel de la Universidad Nacional no es, para las autoridades, el de hacer mejores a la mayor cantidad de jóvenes posible. No. Se trata de escoger a un núcleo reducido de la sociedad, el de los mejores, y a ésos impartirles educación. Los demás que se pudran. No es problema de la Universidad. Razona como director de un pequeño colegio particular, y no como el rector de la universidad pública más importante de América Latina. Los estudiantes y maestros no tienen derechos, deben ser continuamente evaluados para definir en función de ello si pueden seguir ejerciendo sus estudios o su profesión.

Éstas, como tantas otras, no eran en realidad ideas propias del rector Barnés. Se trataba de refritos de normas dictadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE para países como el nuestro, y que el gobierno simplemente acata y trata de imponemos. Hay cantidad de citas de documentos de estos organismos que resultan verdaderamente reveladoras. Mencionaremos aquí sólo dos -una en el terreno de los lineamientos generales, la otra en el de las medidas concretas-, para darnos una idea de hasta qué punto ha habido una pérdida de soberanía e independencia de nuestro país en la definición hasta de su propia educación. Y de autonomía de nuestra universidad en la decisión de lo que quiere de sí misma.

En un artículo del World Bank Technicat Paper, núm. 78, 1988, se plantea por ejemplo lo siguiente: "... ¿Por qué los interesados en las economías en desarrollo deben prestar atención al problema de la selección educativa? (Porque) en el competitivo contexto internacional, no escoger a la élite técnica entre los más brillantes ciudadanos puede tener un serio efecto en los resultados económicos. Se estima que los países en desarrollo pueden mejorar su Producto Nacional Bruto per cápita en cinco por ciento si permiten que el liderazgo se ejerza a partir del mérito...". Pero en el documento Exámenes de las políticas nacionales de educación: México, Educación Superior, OCDE 1997, se va mucho más lejos en eso de meter las manos: "...Chocó a muchos observadores el hecho de que los alumnos de los bachilleratos, si terminan sus estudios y obtienen calificaciones suficientes, son dispensados de cualquier examen para la admisión en la universidad. Es lo que se llama pase automático o pase reglamentado...". Para más adelante "recomendar": "...(se deberá) implantar para todos los candidatos a ingresar a fa educación superior un procedimiento de admisión selectiva, basado en un examen y en los resultados obtenidos en el bachillerato; controlar el flujo de ingreso en las diversas ramas en función de la calidad de los candidatos y de la apreciación de las salidas profesionales; incitar a las instituciones a agruparse para organizar la admisión...". ¿Alguien pensaba que la abolición del pase automático fue una medida decidida realmente desde la UNAM? ¿Alguien pensaba que los organismos del capital transnacional no tienen que ver con lo que ha venido ocurriendo en nuestra universidad? ¿O que a lo más lo que hacen es establecer líneas generales de desarrollo? Puntos tan concretos como éste -lo mismo que las cuotas y los demás planes en marcha- fueron en realidad ordenados por tales organismos. Las autoridades universitarias se encargaron simplemente del "camuflaje" de las "recomendaciones" acatadas, presentándolas como medidas "necesarias" dictadas por la "equidad", la "academia" y todas esas historias.

Ese mismo documento de la OCDE ordena, dos hojas más adelante: "...(se deberá) encarar un aumento a la contribución de los estudiantes al costo de sus estudios... ". ¿Tendrá esto que ver con lo pretendido ahora por las autoridades, dos años más tarde?

Pero las medidas aprobadas por el Consejo Universitario en junio de 1997 incluyeron otra cuestión clave, tanto o más grave que la anterior, y que se aplicaría tanto a los estudiantes de bachillerato como a los de licenciatura. Se trata del límite de permanencia en la Universidad. Hasta antes de ese momento, todo estudiante podía inscribirse como alumno regular en sus materias (dos veces como máximo en cada una de ellas) por un tiempo a lo más en un 50 % adicional a la duración de su carrera. Si la carrera es de 4 años, por ejemplo, sólo podía llevar materias como alumno inscrito durante 6 años. Y luego podía seguir aprobando sus cursos en exámenes extraordinarios al ritmo que sus propias condiciones se lo permitieran, no habiendo un tiempo límite a este respecto. En junio de 97 Barnés establece que sólo tendrían 2 años más, al término de los cuales serían dados de baja de la UNAM si no hubieran terminado íntegramente sus estudios (100°/ de créditos, exámenes de idiomas y servicio social). Con un agregado, que no hace sino mostrar hasta qué extremo las autoridades pretenden cebarse con los estudiantes irregulares: "...Durante el tiempo restringido en que un estudiante pueda aprobar las materias presentando exámenes extraordinarios, no gozará de ningún otro derecho más que éste" (Artículo 5).

¿Qué consecuencias tendrían estas medidas impuestas por Barnés hace apenas 2 años? Veamos. De acuerdo con el libro "Las generaciones cambian", de los economistas José Blanco y José Rangel (Edit. UNAM, 1996), resulta que los datos de la propia UNAM muestran que sólo el 19.1% de los estudiantes universitarios termina apenas el 90% de sus estudios en el tiempo de duración de sus carreras. Y el 37.6 % lo hace en un tiempo igual a 1.5 veces la duración de sus carreras. Este porcentaje aumenta al 43.9% en un tiempo igual al doble de la duración de sus carreras (esto, en las condiciones anteriores a la reforma, en que podían asistir como "oyentes" a las clases y tenían acceso a toda la infraestructura académica de sus escuelas cuando ya no podían seguir como alumnos inscritos en sus materias). De modo que un 56.1°/ de los estudiantes que ingresan no han podido llegar al 90% de sus créditos al cabo de un tiempo igual al doble de la duración de sus carreras. ¿Cuántos no logran terminar íntegramente sus estudios en ese mismo plazo, si consideramos además que en la fase final de las carreras el avance es mucho más lento (pues una buena parte de los estudiantes ha debido adquirir en esos momentos un conjunto de obligaciones que no tenía al principio de sus estudios)? Un porcentaje significativamente mayor. Pues bien: todos ellos serán dados de baja año con año, a partir de que le llegue su límite a las generaciones que corren a partir del 98. Podríamos considerar conservadoramente que casi las dos terceras partes de los alumnos que ingresan a la Universidad serán dados de baja al cabo de 8 años.

Y esto es tomando el conjunto de las carreras de la Universidad. Pero resulta que en unas y otras carreras el avance es muy distinto. Analicemos, por ejemplo, la siguiente tabla, que incluye los datos de 14 de las 28 carreras analizadas por Blanco y Rangel en su libro:

Submuestra	E1	E2	E3
Arquitectura	4	25.1	34.05
Actuaría	11.7	31.4	36.78
Física	7.9	19.3	23.56
Matemáticas	5.2	13.2	18.39
Rel. Inter.	14.1	29.1	36.36
Ciencias Pol.	4.6	11.8	14.95

Sociología	14.9	32.6	37.93
Quím. Farm.	8.7	27.8	36.36
Economía	8.9	20.7	30.45
Filosofía	5	15.6	22.87
Historia	2	11.3	11.71
Pedagogía	5.2	7.4	8.16
Ing. Civil	14	29.5	37.61
Ing. En Comp.	9	19.7	27.42

E1: Porcentaje de tos estudiantes que terminaron apenas el 90% de sus créditos en el tiempo de duración de su carrera.
E2: Porcentaje de los estudiantes que lo hicieron en 1.5 veces ese tiempo.
E3: Porcentaje de los estudiantes que lo hicieron en el doble de ese mismo tiempo.

Globalmente, los resultados son los siguientes:

Tan solo el 8.4% de los estudiantes de estas carreras concluyen el 90% de sus créditos en el tiempo formal de duración de las mismas. El 22.3% lo hace en un tiempo igual a 1.5 veces su duración (o sea, el tiempo en que pueden inscribirse en sus materias). El 28.9% lo hace en el doble de tiempo. (Todos éstos, son promedios ponderados por el ingreso).

En otras palabras: Más del 70% de los estudiantes que ingresan a estas carreras no han concluido aún el 90% de sus créditos cuando ha transcurrido el doble de años de la duración de las mismas. Todos ellos, más los que no hayan aún concluido el 10% final de los créditos, sus exámenes de idiomas y su servicio social, serán dados de baja. Digamos, 8 ó 9 de cada l0 estudiantes que ingresaron a ellas.

Es cierto que de cualquier manera hay un índice significativo de alumnos que abandonan definitivamente sus estudios antes de llegar ese plazo (deserción). Pero si tomamos como referencia los datos publicados por ANUIES sobre las universidades públicas del área metropolitana, resulta que el porcentaje global de egresados (es decir, de alumnos que concluyen el 100% de sus estudios en el tiempo que sea) es del orden del 57%. Este porcentaje coincide básicamente con la estimación hecha para la UNAM por los dos autores antes citados. De modo que con las medidas impuestas por Barnés en l997, se impedirá que termine sus estudios una proporción adicional de estudiantes que oscila entre 1as dos terceras y las tres cuartas partes de los que si podrán hacerlo en los tiempos establecidos. Este amplio porcentaje de jóvenes que anteriormente sí podían concluir sus estudios, serán simplemente dados de baja cuando les llegue la hora, independientemente de que ya llevaran suficientemente avanzada su carrera.

Se trata, expresamente, de una medida para sacar de la Universidad a los estudiantes que avanzan en sus estudios más lentamente, de acuerdo a los límites de tiempo arbitrariamente establecidos por las autoridades. ¿Puede alguien dudar que hay una evidente correlación entre estos estudiantes y los que tienen que trabajar, o que tienen que dejar de estudiar por temporadas, o que han debido independizarse de sus familias, etc? ¿Qué actitud debemos tomar ante estos compañeros que sólo pueden llevar una o dos materias por semestre, pero que mantienen un esfuerzo tenaz por seguir adelante y se resisten a dejarse hundir en el abismo al que los empuja su situación social? ¿Castigarlos dándolos de baja o impulsarlos para que salgan adelante? Quienes hemos convivido con ellos sabemos que es falso que su permanencia le quite el lugar a nadie, como dijeron una y otra vez las autoridades.

¿Resultan objetivos unos límites de duración de las carreras que sólo son cumplidos por menos de un 20% del total de los estudiantes, de los estudiantes de carne y hueso de este país nuestro? ¿Se trata de estudiantes flojos y fósiles, como han sido insistentemente caracterizados por la rectoría? Veamos las conclusiones a las que llega José Blanco después del estudio antes citado:

"...no debe considerarse como una eficiencia terminal bajísima, pues representa lo que la sociedad en su conjunto puede hacer. No se trata de generaciones de retrasados mentales, ni de tontos ni de flojos, son el resultado de un conjunto de factores: de qué familias provienen, qué clase de educación recibieron en primaria, secundaria y bachillerato; este país y esta sociedad dan para esto" (Revista Proceso N° 1058).

(Esto dijo como investigador José Blanco. Unos meses después, en que hubo que definirse ante la resistencia estudiantil contra estas medidas, el investigador hizo honor a su trayectoria de autoridad, saliendo a la servil defensa del rector, aún contra los propios resultados de su investigación. Cosas del poder en nuestra universidad).

Y la misma medida se aplicará para el bachillerato a partir de la generación 98: aquellos estudiantes que no lo concluyan en el doble de tiempo de su duración (6 años), serán dados de baja. Se trata de un 51.45% de los alumnos que ingresan al bachillerato. Además de todos aquellos que, como dijimos antes, aún habiendo terminado en 3, 4, 5 ó 6 años su bachillerato, lo hayan hecho con menos de 7 de calificación que no son pocos.

Entonces como ahora, las autoridades impusieron a la mala estas medidas: oferta a los estudiantes del momento de que a ellos no se les aplicarían estos límites si permitían que les fuesen impuestos a los que venían detrás de ellos; diez días de plazo para que los consejos técnicos resolvieran; cambio de sede de última hora del Consejo Universitario; vísperas de vacaciones intersemestrales; guaruras que arremetieron contra los estudiantes que protestaron; campaña en la prensa, radio y tv contra el movimiento; sanciones ante el Tribunal Universitario, etc. Entonces como ahora hubo asistencia de estudiantes y maestros, pero no logró extenderse a toda la Universidad; de modo que rectoría pudo imponerse... temporalmente.

Finalmente, hay que decir que resultan reveladoras las declaraciones de Barnés en aquel momento: estos cambios, diría el rector, tienen "mucha más importancia y mucho más impacto sobre la calidad académica que las cuotas, por lo que se atenderán primero". Las cuotas son un "problema importante, pero no prioritario".

Y resulta también ilustrativo recordar las consignas que más se gritaban en la resistencia contra estas medidas: "Estudiante que trabaja, está en desventaja", "Estudiante que trabaja, Barnés lo da de baja".

¿Nos damos cuenta, compañeros, de la trascendencia de este punto del pliego de condicionantes de la huelga?

3.- Desmantelamiento de toda la estructura policiaca montada por la rectoría para vigilar, controlar y reprimir a los universitarios. Anulación de todas las actas y sanciones contra los participantes en el movimiento.

La necesaria vigilancia y protección de las instalaciones universitarias poco a poco fue dando lugar a la conformación de un órgano de vigilancia de las actividades y de represión de los universitarios. En un principio, el cuerpo de "Vigilancia UNAM" constaba de trabajadores administrativos de base y sindicalizados. Pero estos mismos trabajadores denunciaron en repetidas ocasiones que las autoridades estaban contratando cada vez más personal de la Procuraduría, evidentemente con fines de control político de los universitarios. La torre de rectoría se convirtió en un bunker, resguardado por una legión de guaruras que no pueden ocultar la cruz de su parroquia. Han sido instaladas decenas de cámaras telescópicas en ciudad universitaria. Patrullas con cámara, videocasetera y antena de transmisión directa. Se conformó así una verdadera policía universitaria.

Esta policía universitaria consta al menos de dos instancias de coordinación: la Dirección General de Información (DGI) y la Dirección General de "Protección a la Comunidad"(!) (DGPC). La primera, dirigida por un tal Gerardo Dorantes, conocido en los años 70 como "Porrantes", por razones obvias. La segunda, dirigida por un personaje de negra historia en nuestra universidad, experto en cuestiones policiacas y que ha permanecido al cargo de estas funciones desde hace ya demasiados años, un tal Brígido Navarrete. Entre ambas dependencias se encargan de la investigación de los universitarios y sus actividades, el espionaje de sus Asambleas y reuniones, las campañas y los montajes periodísticos contra sus movimientos. El control de los guaruras, los grupos de choque como el "Cobra", los diversos grupos de porros, etc.

En las Preparatorias el clima de represión es bastante más extremo y angustiante para los estudiantes. Han sido convertidas varias de ellas en verdaderas cárceles, cuyos custodios -los prefectos- mantienen un hostigamiento permanente hacia los alumnos. No existe la menor libertad, y la presencia recurrente de los porros que como bien sabemos, van de la mano de las autoridades- mantiene un clima insoportable para nuestros compañeros. En buena medida podemos decir que éste fue un detonante de la huelga en varias de esas escuelas.

En menor escala, las cosas avanzan por ese mismo camino en algunos de los CCH's, asolados por temporadas por grupos porriles bien organizados desde arriba (recordar la entrevista de Canal 40 con integrantes del Grupo Tres de Marzo hace meses, en que descaradamente declaraban que eran pagados para golpear estudiantes).

Toda esta situación no puede seguir. No podemos regresar a clases dejando a todos los estudiantes de esas escuelas a que se rasquen con sus propias uñas ante la contraofensiva que sufrirán en su contra a manos de todo ese aparato represivo una vez levantada la huelga. Tenemos que defender la libertad en nuestra universidad. Ésa es una condición indispensable para poder hablar de que se seguirán discutiendo otras cuestiones después de la huelga.

Que sean los huelguistas de cada escuela quienes determinen los cambios que deben exigirse a este respecto en cada lugar, pero en el entendido de que presentaríamos todos estos cambios como un solo paquete en la discusión con la rectoría durante la huelga, no como puntos a negociar localmente después de la huelga.

La policía universitaria debe disolverse, y formarse un nuevo cuerpo de vigilancia estrictamente de las instalaciones, con sólo trabajadores sindicalizados de base, adscritos cada uno de ellos a la dependencia que le toca vigilar, para que haya un mayor control y conocimiento permanente de las asambleas sindicales correspondientes. Deben desmontarse las cámaras de C.U. y de las patrullas universitarias.

Y debe formarse una comisión de estudiantes, profesores y trabajadores que tenga libre acceso a los archivos de la Dirección General de "Protección a la Comunidad" y la Dirección General de Información, para dar a conocer a todos los universitarios lo que ahí se ha venido haciendo. No pocos trabajadores podrán aportar datos que permitan ubicar dentro y fuera de C.U. todas las sedes en que esta dependencia tiene "sucursales" (y archivos). Los mandos superiores de toda esta estructura policiaca de nuestra universidad deben salir de ella.

Hablar de "desmantelar toda la estructura de represión de los universitarios creada por las autoridades", incluye todo este tipo de cosas (y probablemente otras). Este punto del pliego no consiste meramente, como frecuentemente es "resumido" por la prensa y por una parte del movimiento mismo, en "retirar las actas y sanciones levantadas".

4.- Un espacio resolutivo para discutir sobre los otros puntos de la Plataforma de Lucha y la transformación global de la Universidad.

Éste es un punto cuya formulación resulta aún demasiado vaga, y que debemos precisar a la mayor brevedad. ¿Cuál es su razón de ser en el pliego de condicionantes de la huelga? Que hay cantidad de cosas que deben cambiar en nuestra universidad -la plataforma de lucha es una magnífica muestra de la percepción que en este sentido tenemos los universitarios-, pero resultaba difícil pensar en que mientras todos estos cambios no se dieran, la huelga no sería levantada. De modo que lo que había que garantizar era que quedara establecido un compromiso de la autoridad a abrir m espacio democrático en el que todos estos cambios fueran discutidos y decididos (habida cuenta, naturalmente, de que las instancias actuales de la Universidad no sólo no resuelven el problema, sino que son parte de el problema).

Situación similar se presentó al final del movimiento de 86-87. ¿Y qué solución se ocurrió entonces? Que todas estas cuestiones fueran discutidas y decididas en un Congreso Universitario resolutivo, a ser realizado posteriormente. Pero la huelga se levantó sin establecer explícitamente cómo sería dicho congreso. Y ya sin la fuerza de la huelga, la rectoría pudo ir "moldeando" a su favor la composición, los mecanismos de funcionamiento y las reglas del juego para la elección de todos los integrantes, resultando finalmente un congreso en que las autoridades tuvieron todo el tiempo el control de la situación.

¿Cómo fue esto? Primero: dejaron pasar casi tres años entre el final de la huelga y la convocatoria del Congreso. Segundo: el Congreso convocado estaría compuesto por apenas un 37.5% de estudiantes, contra un 50% de profesores e investigadores, un 6.25% de trabajadores, y por todos los directores de facultades, escuelas e institutos, junto con cinco autoridades más designadas por el rector. Tercero: La discusión en cada escuela se reducía a "foros" organizados por los consejos técnicos y que no tendrían más que un carácter "indicativo". Cuarto: Nada de asambleas de estudiantes ni organismos colegiados de los profesores (academias, colegios, etc) para elegir y controlar a sus representantes: las elecciones tendrían que ser por urnas, y una vez elegidos los delegados estos podrían actuar dentro del Congreso como les viniera en gana. Quinto: Sólo podrían ser aprobadas aquellas iniciativas que contaran con más de un 66 % de los votos.

¿Cuál fue el resultado de todo esto? Un congreso en que las autoridades mantuvieron un dominio permanente sobre cerca del 50% de los votos. Las elecciones por urnas les permitieron volver a aplicar el mismo mecanismo de control con el que formaron las AAPAUNAM, ese "sindicato de profesores" (creado por las autoridades para "defender" a los profesores... ¡ante las propias autoridades!), y que en una votación general resultó ser "mayoritario" en nuestra universidad. Su base de apoyo fue el manejo de la nómina de una amplia proporción de profesores por horas cuyo trabajo esencial se encuentra en empresas o instituciones externas a la universidad (particularmente, de facultades como Contaduría, Derecho, Ingeniería, Medicina, etc), y cuyas posibilidades de recontratación en la Universidad están siempre sujetas a los directores.

No hubo ninguna resolución que las autoridades no desearan y que se haya podido aprobar en el Congreso. Incluso resoluciones como la disolución del Tribunal Universitario, fue aceptada en ese momento por las propias autoridades, porque a cambio de ello se formaban pequeños tribunalitos por escuela (el resultado después fue que no disolvieron el Tribunal Universitario y sí crearon una variante de tribunales por escuela en varios lugares).

El movimiento estudiantil, que fue quien hizo realidad ese congreso con su lucha, quedó en franca minoría dentro de él, y en no pocos momentos debió movilizarse desde sus escuelas para evitar que el tal congreso volara algo abiertamente en su contra, como ocurrió cuando la rectoría quiso votar el punto de las cuotas (y por poco lo logra, gracias al apoyo de ciertos profesores). De modo que en los puntos clave los estudiantes quedaron a la defensiva ante el congreso forjado por su lucha (y enajenado de ella).

No podemos hoy simplemente decir: "que sea en un congreso donde se discutan y decidan todos los demás puntos de la Plataforma de Lucha", dejando de lado la infructuosa -por decir lo menos- experiencia anterior. Si nos planteamos un congreso, debemos establecer claramente cómo estaría representado cada sector en él, no aceptando, naturalmente, que los estudiantes puedan ser minoría en una instancia transformadora de esa naturaleza (y no sólo porque constituyen más del 80% de nuestra universidad, sino porque es el único sector realmente capaz de transformarla de manera esencial en un sentido democrático). No aceptando tampoco que la única participación de todos en cada escuela se reduzca a "opinar" en "foros indicativos" cuyas resoluciones pueden o no ser tomadas en cuenta por "los elegidos" en las urnas. No es así como funciona la democracia de los estudiantes (ni de los propios profesores). No es así como hemos podido levantar movimiento alguno en la historia. Años atrás los profesores defendían también que todas sus decisiones académicas debían ser tomadas en sus propias reuniones abiertas.

Que los estudiantes de cada escuela decidan por ellos mismos cómo eligen y cómo controlan a sus representantes (quienes tendrían que ser mayoría). Que las decisiones que se lleven correspondan a lo que cada escuela haya decidido previamente. Los directores no representan a nadie más que a sus propios grupos de poder en cada escuela (y al rector); si quieren ser representantes, que lo sean como profesores, si acaso alguna vez realmente lo han sido y si acaso gozan de algún reconocimiento por los académicos de su escuela.

5.- Corrimiento del calendario escolar y administrativo por el tiempo que dure el movimiento

Aquí no hay mayor cosa que fundamentar. Tan sólo habría que precisar que el alargamiento deberá incluir no sólo el tiempo que dure la huelga, sino por lo menos una semana adicional por todos los días invertidos en asambleas, paros, etc., que fueron necesarios por la misma causa. Y, naturalmente, establecer claramente que todos los trámites académicos y administrativos habrán de recorrerse igualmente. Queda claro que los primeros defensores de la actividad académica somos nosotros mismos.

6.- Defensa de la autonomía de la UNAM. Independencia absoluta respecto al Ceneval. Rechazo al Examen Único de Bachillerato y al General de Egreso de la Licenciatura.

Evaluar a los jóvenes que aprueban su secundaria y quieren ingresar al bachillerato. Evaluar a los que concluyen el bachillerato y quieren estudiar una licenciatura. Evaluar a los estudiantes que fueron evaluados ya semestre a semestre en repetidas ocasiones, curso a curso, pero ahora nuevamente y de manera global una vez que han concluido -y aprobado- su carrera. Evaluar periódicamente a los profesionistas egresados de sus carreras, para ver si merecen sostener su título o no. Evaluar a los maestros que llevan años impartiendo sus cursos, para ver si no hay otros mejores que puedan sustituirlos. Evaluar, evaluar, evaluar. ¿Para qué? Para que los empleadores tengan referencias comparativas de todos los que ofrecen su mano de obra, y puedan siempre escoger a los mejores. No hay derechos adquiridos. Si llega otro mejor -sea el caso de un estudiante, un maestro o un trabajador-, a la calle el que no fue favorecido por la "prueba universal" correspondiente; no importa que realizara responsablemente su labor y que tuviera ya años en ella. Lo que importa es que hay alguien mejor y debe irse. Es el reino de los que contratan mano de obra e intelecto de otros para enriquecerse De ellos viene también esta orden.

Un mismo examen para los egresados de todas las universidades. Como si tuvieran los mismos recursos, infraestructura y preocupaciones las universidades de provincia que las de las capitales del país. Como si el conocimiento consistiera simplemente de cierta información susceptible de ser medida rápidamente por los tristemente célebres exámenes de selección múltiple (que serían los que se aplicarían).

El respeto a la libertad de cátedra implica ya una seria dificultad para imponer un mismo examen a los alumnos de dos profesores de una misma materia en una misma universidad. Esto se ha demostrado hasta el cansancio con las experiencias puestas en marcha de "exámenes departamentales" en diversas facultades. Ya no digamos lo que esto implicará si se trata de aplicar a todos los estudiantes de todas las instituciones de educación superior del país. Ya podemos imaginar la "reorientación" de la actividad de no pocas universidades en los últimos semestres, para "preparar a sus egresados para el examen único", pues si les va mal esas universidades aparecerán en la lista de las "poco eficientes", con las debidas consecuencias en lo relativo a sus subsidios y su "pérdida de mercado" entre los estudiantes. ¡A un segundo plano la riqueza de la formación de los jóvenes! ¡Lo que importa es ser "de las primeras" en la lista de "los egresados de buena calificación"! No faltarán los premios ($) en este terreno.

Y examen elaborado por una institución privada (eso sí, subsidiada con recursos públicos), ajena a las propias universidades, creada precisamente para estos fines: el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval). Vendedores de servicios de evaluación, que por supuesto habrán de cobrar por ellos a los propios estudiantes. (¡Ya saldrá a la luz más adelante quiénes fueron los beneficiados por el negocito! Que no nos sorprenda encontramos que en la lista aparecen parientes y amigos de tales o cuales funcionarios (o ex) de tales y cuales universidades).

Una medida similar ya fue impuesta a los egresados de todas las secundarias de la zona metropolitana que quieren ingresar al bachillerato (el Examen Único de Selección). Y se ha convertido en un mecanismo para forzar a miles de muchachos a ingresar a bachilleratos técnicos que no deseaban, como única opción para seguir estudiando, liberando de toda presión sobre su matrícula a las instituciones escogidas por la gran mayoría de los alumnos. Particularmente, a la UNAM. Se trata, otra vez, de medidas ordenadas explícitamente por los mismos organismos financieros, y atravesadas por la misma lógica de todas las demás: a los de abajo, educación de segunda -si acaso-. Salvo uno que otro especialmente brillante, que además de ser buen negocio invertir en su educación, sirva para salir en la foto de los pronasoles universitarios.

Nuestra universidad debe recuperar su autonomía en la evaluación de sus estudiantes. Debe definir ella misma los mecanismos de selección de sus alumnos, siempre con la preocupación de impartir educación a más y más jóvenes. Ésa sí debe ser parte de sus preocupaciones fundamentales, si quiere seguir ostentando el título de Universidad Nacional. Y debe defender la libertad de cátedra de sus profesores como un elemento esencial de su funcionamiento cotidiano. Debe romper los compromisos que la rectoría ha contraído con el Ceneval y rechazar la aplicación de los exámenes de ingreso y egreso elaborados por éste.

Documento de discusión N° 5
Comisión de Propaganda de Ciencias
Mayo de 1999

Por mi raza hablará el espíritu.

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Agosto de 1999
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