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Santiago López de Medrano
Antecedentes de la actual huelga en la UNAM

Para entender el origen, magnitud y demandas de la huelga de la UNAM es conveniente recordar algunos antecedentes inmediatos (además de los relativos al Ceneval).

1997: Restricciones muy graves a la permanencia de los estudiantes en la UNAM. Unas afectaron a los de bachillerato al abolir en los hechos el derecho al pase automático. Este fue establecido en la rectoría de Barros Sierra como el reconocimiento de la UNAM al título que ella misma otorga a los egresados de su bachillerato, al permitirles entrar a la licenciatura sin un examen adicional al que ya pasaron para ingresar a la UNAM al concluir la secundaria.

El pase automático permite además un acceso más equilibrado de distintas clases sociales a la educación superior, mientras que el examen de admisión es un filtro que expulsa gran cantidad de estudiantes, no con base en su capacidad, interés o inteligencia, sino a rasgos culturales que favorecen a los que han crecido en un ambiente familiar de mayor nivel económico o cultural: el porcentaje de egresados del bachillerato de la UNAM que pasa al nivel superior es cercano al 60 por ciento para todos los estratos sociales; en cambio, el de los que pasan el examen de admisión es de 4.77 por ciento para los hijos de obreros o campesinos y de 13.49 por ciento (el triple) para los hijos de empresarios o funcionarios (datos de DGESSI-UNAM). Y, ¿cuál debe ser el objetivo de la universidad pública? ¿Brindar una educación lo más amplia posible, buscando además disminuir los desequilibrios sociales? ¿O centrarse sólo en los que, por su medio familiar, resulta más fácil, y por lo tanto más rentable, educar?

El discurso oficial repite que este derecho (ya menguado en los hechos por diferentes maniobras) es un privilegio y que su abolición es otra más de las medidas de equidad tan usadas por las autoridades de este país para acabar con todo derecho. Se argumenta que los bachilleres de la UNAM ocupan muchos lugares y excluyen a los de otras escuelas de manera injusta. La realidad es que las autoridades han disminuido la matrícula, cada vez es mayor el número de rechazados y culpan de esto a los bachilleres de la UNAM, quienes también sufren por esa restricción al negárseles las carreras que solicitan.

Con la propuesta del 97 se establecen requisitos de promedio y volocidad que hacen que, cuando más, uno de cada 10 alumnos del bachillerato tendrá derecho a ingresar a la carrera de su elección, mientras que el resto será prácticamente expulsado de la UNAM, por vía directa o por ser condenado a estudiar una carrera del todo ajena a sus inclinaciones.

Otra parte de la reforma de 1997 fue dedicada a los estudiantes de licenciatura y consistió en la expulsión definitiva de la UNAM de todo aquel que no cubra el 100 por ciento de sus créditos en un plazo fijo. Se alega que hay muchos flojos y fósiles que permanecen años y años ocupando lugares, lo que hace que muchos otros aspirantes queden afuera.

La realidad es que muchos jóvenes se ven obligados a trabajar durante su carrera y llevan otro paso que los que pueden dedicarse de lleno al estudio. Muchos otros al final de su carrera entran a trabajar y después regresan a presentar algunos exámenes y tesis. ¿Qué lugar ocupan (fuera de unos cuantos bytes en el archivo) y a quién perjudican estos jóvenes?

Se puede estimar que sólo 1 de cada 3 estudiantes termina en el plazo fijado por el nuevo reglamento (Ver: Las generaciones cambian, de José Blanco y José Rangel, UNAM, 1996. Como dijo el propio Blanco (Proceso 1058) eso "no debe considerarse como una eficiencia terminal bajísima, pues representa lo que la sociedad en su conjunto puede hacer. No se trata de (...) retrasados mentales, ni de tontos ni de flojos, son el resultado de un conjunto de factores: de qué familia provienen, qué clase de educación recibieron en primaria, secundaria y bachillerato; este país y esta sociedad dan para esto"). De cada generación, al menos 5 mil alumnos que antes podían recibirse, ya no lo harán. De nuevo, se afecta sobre todo al que trabaja y además (al igual que con el Examen General de Egreso) se abarata la mano de obra de empleados y profesionistas que nunca podrán recibirse y aspirar a un salario mayor.

La forma de imponer esto fue idéntica a la de 1999: en diez días los Consejos Técnicos dieron su opinión; se trató de sobornar a los estudiantes ("no afectará a los actuales"); prensa, radio y tv se llenaron de elogios a tan justa medida; se hicieron encuestas amañadas; el Consejo Universitario, ante las protestas, votó a escondidas en una sede alterna; y Barnés sancionó con la suspensión por un año a estudiantes por delitos como el pintar paredes.

Una diferencia importante con el problema de las cuotas es que el de 97 se presentó cuando las escuelas ya estaban en los últimos días del semestre y no se logró una respuesta como la actual. Pero el propio Barnés destacó entonces que estos cambios tenían "mucha más importancia y mucho más impacto sobre la calidad académica que las cuotas, por lo que se atenderán primero". Las cuotas son un "problema importante, pero no prioritario".

1998: Medidas en contra de profesores e investigadores: aumento de la carga docente de los de carrera, con la consiguiente expulsión de profesores de asignatura y ayudantes (ver "Para empobre- cer la labor docente", en Los lunes en la Ciencia, La Jornada, 23/11/98). Al igual que la reducción de presupuesto a la investigación (por la vía de cargarle el pago de derechos de importación de materiales y equipos) estas medidas ni siquiera fueron procesadas a través de la ridícula consulta a los Consejos Técnicos y Universitario, sino que fueron establecidas por edictos de funcionarios o del Colegio de Directores.

Junto al anuncio de futuras modificaciones a las licenciaturas y al Estatuto del Personal Académico (las cuales se preveía que disminuirían significativamente la planta docente y los derechos de los profesores, entre otros el de la definitividad) estas medidas provocaron muchas protestas de investigadores, profesores y estudiantes, las cuales fueron contestadas con despotismo por el rector, quien a lo más aceptó hacer algunos cambios mínimos.

Si en el 97 se hizo una marcha de cientos de universitarios, en el 98 fueron miles de varias facultades los que llegaron a Rectoría y anunciaron a las decenas de miles que llegarían en marzo de 1999 y a los cien mil que inundarían el Zócalo en dos ocasiones poco después.